Desde que Cataluña está gobernada por los nacionalistas, es decir, desde que se restauró la Generalitat hace treinta años, se ha impuesto por el poder público una nueva fe: la lingüística. Hasta tal punto la lengua se ha transformado en objeto de culto que las autoridades impiden cualquier forma de crítica o cualquier opinión que a su estrecho juicio atente contra este signo sublime de la identidad. El último ejemplo de semejante fanatismo ha sido la prohibición de colocar publicidad en los autobuses de Barcelona para informar a los ciudadanos de sus derechos legales en relación a la escolarización de sus hijos. En estos mismos vehículos se ha permitido la exhibición de anuncios de promoción del ateismo en los que ante la duda sobre la existencia de Dios se anima a la gente a vivir estupendamente, como si los creyentes no pudiesen pasarlo bien. Sin embargo, una asociación cívica perfectamente honorable dispuesta a pagar la tarifa correspondiente para hacer circular un texto en defensa de la aplicación de ¡una sentencia del Tribunal Supremo!, ha visto rechazada su petición. La pregunta que surge de inmediato es: ¿Cómo una sociedad culta, avanzada y plural como la catalana se somete al dictum de una pandilla totalitaria del calibre de la que ocupa Consejerías, alcaldías, diputaciones, consejos comarcales y demás centros de saqueo del presupuesto y de creación de redes clientelares? De la respuesta y de la búsqueda de soluciones para este desastre depende el futuro de mucha buena gente.  El motivo esgrimido para el atropello ha sido que el anuncio en cuestión es “polémico”. O sea, que en una Comunidad donde viven millones de monoteístas, bastantes de ellos practicantes de sus creencias, poner en cuestión el fundamento mismo de su religión no es polémico, pero exigir que se respeten los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley, sí lo es. En la Cataluña nacionalista, en la Cataluña ensimismada y siniestra de Montilla y de Carod, la lengua catalana está por encima de Dios.