El discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo ha sentado algunos principios que marcan una clara diferencia con el gobierno socialista-nacionalista que ha perdido las elecciones. Su propósito de reducir notablemente el número de Consejerías y de altos cargos de la Administración autonómica, así como de establecer una política de marcada austeridad en el gasto público, representa una comprensión digna de encomio de la naturaleza y el origen de las dificultades económicas que padecemos y de los remedios que deben ser aplicados. Asimismo, su anuncio de derogación del decreto sobre uso del gallego indica una decidida voluntad de devolver a sus paisanos su derecho a la libre elección de la lengua oficial en la que desean escolarizar a sus hijos y de eliminar cualquier forma de discriminación lingüística en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. Sin embargo, estos notables aciertos han ido acompañados de otra propuesta que suscita serias dudas sobre la concepción que el Partido Popular tiene en este momento histórico de la evolución del Estado de las Autonomías. Cuando el nuevo Presidente de la Xunta se manifiesta partidario de emprender una reforma del Estatuto de su Comunidad dentro del marco de la vigente Constitución y a la luz de la resolución que dicte el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, incurre en un serio desenfoque. En primer lugar, no todo lo que es constitucional es conveniente ni acertado, por lo que su aclaración, aparte de superflua -por supuesto que el ordenamiento básico ha de ser respetado-, resulta inquietante. ¿Es que Feijóo considera que de lo que se trata es de forzar la Constitución hasta el límite para incrementar las competencias autonómicas con independencia de las consecuencias sobre la eficacia y fortaleza del Estado y sobre la cohesión nacional? Estoy seguro que su pensamiento no va en esa dirección, pero sus palabras abren interrogantes perturbadores. En cuanto al Estatuto catalán, no sólo no es una guía a seguir, sino que es un disparate a corregir. Por consiguiente, la alusión al desenlace del asunto en el Constitucional, con el grave riesgo de una sentencia interpretativa que abra la puerta a todo tipo de desmanes, equivale a aceptar una situación que es incompatible con la doctrina del Partido Popular sobre la unidad nacional. Es una lástima que el flamante primer mandatario gallego no haya aprovechado su victoria en las urnas para señalar que su máxima prioridad es el combate contra la crisis económica y que con el fin de no desviar ni un gramo de las energías colectivas de su tierra hacia otros ámbitos, el tema de la reforma estatutaria queda aplazado sine die por no ser ni urgente ni oportuno en la presente etapa. Además, el descarrilamiento del Estado autonómico que ya se ha producido nos aboca, más pronto o más tarde, a una revisión profunda de su arquitectura, muy probablemente mediante una reforma de la Constitución fruto de un gran acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales. Cualquier reforma estatutaria en semejantes circunstancias es una posibilidad que no debiera formar parte de la agenda política de ningún dirigente del Partido Popular.