El anuncio del Presidente de Gobierno, con su habitual estilo melifluamente esquivo, de una próxima subida de impuestos, ha generado el  lógico debate público. Por supuesto, el gaseoso ZP no ha concretado nada sobre la medida, ni qué tributos se van a incrementar, ni en qué cuantía, ni si irán o no acompañados de exenciones, en fin, la nebulosa habitual del universo zapateril.  La verdad es que las cuentas del Estado están en una situación desastrosa.  El déficit del año en curso será del orden del 10% del PIB y el horizonte para el próximo ejercicio es igualmente sombrío.  Por tanto, ciñéndonos exclusivamente al ámbito fiscal sólo caben dos maniobras: a) disminuir el gasto b) aumentar la recaudación. Si nuestra Administración en sus tres niveles, local, autonómico y estatal, fuese un dechado de eficiencia y austeridad, sólo tendría sentido la segunda. El precio a pagar es bien conocido y en una etapa recesiva resulta  particularmente doloroso  y contraproducente. Al haber menos recursos en manos de particulares y empresas, el consumo y la inversión se debilitan, el paro sigue creciendo y la espiral negativa se acelera. Ahora bien, desde una perspectiva socialdemócrata se trataría de una política inevitable. Sin embargo, se da la circunstancia de que nuestros gobiernos municipales, regionales y nacional, así como el resto del entramado institucional, se caracterizan por un grado de despilfarro que asombra por lo escandaloso. Los ejemplos se multiplican y sumen a los ciudadanos en la indignación y la impotencia, sin que al parecer nada ni nadie pueda detener la sangría. Baste decir que España funcionaría como un reloj suizo con dos millones de funcionarios y que hemos sobrepasado los tres millones para hacernos una idea de la monstruosidad que hemos creado a lo largo de los últimos treinta años. El saqueo del erario ha ido adquiriendo proporciones gigantescas y el número de coches oficiales, cargos de confianza, pseudoembajadas de nacioncillas inventadas, estudios e informes inútiles, fastos superfluos, viajes absurdos al extranjero, proliferan y devoran insaciables el fruto del trabajo de los españoles. Por tanto, la vuelta de tuerca tributaria que se cierne sobre las clases medias asalariadas, que son las que una vez más cargarán con la factura, no sólo empeorará la crisis que padecemos, sino que reflejará el hecho pavoroso de que nuestro sector público piensa continuar disfrutando de días de vino y rosas mientras a su alrededor todo se derrumba. Una ecuación mal planteada no admite solución y el correcaminos de La Moncloa se dispone a actuar de nuevo sobre la variable equivocada.