28. Octubre 2009 por AVQ.

  La noticia de la detención por la Guardia Civil de Lluis Prenafeta y Maçia Alavedra me ha sido comunicada al salir de una cena oficial en Madrid por un antiguo diputado en el Parlamento de Cataluña con el que coincidí durante mis once años en aquella Cámara. Yo había pasado la mañana en Bruselas y aterrizado en España a las tres de la tarde por lo que no me había enterado del acontecimiento. Mi informador me ha puesto al corriente en un estado de franca excitación porque, al igual que yo, se había visto obligado a soportar la prepotencia de ambos personajes cuando estaban en el esplendor de su poder a la sombre del gran Ubú y verles caer -por fin- comprendo perfectamente que le haya causado la satisfacción que todo individuo honrado siente al ver que se hace justicia. Las acusaciones no son cualquier cosa: blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Lo sorprendente de esta actuación judicial es que se haya producido porque muchos catalanes nos habíamos resignado al hecho ominoso de la impunidad de determinados conciudadanos nuestros que habiendo pasado por importantes responsabilidades públicas dejando tras de sí un hálito de fundadas sospechas, se retiraron en su día a la esfera privada a disfrutar de su botín, convencidos de que nada ni nadie podría pedirles cuentas. Y hete aquí que de repente llaman a su puerta y no es precisamente el lechero el que les visita. La larguísima etapa pujolista se caracterizó, tal como Pasqual Maragall en un arranque de sinceridad incontrolada denunció en sede parlamentaria, por un saqueo sistemático de las arcas públicas y el cobro de comisiones a mansalva. Ahora el President por antonomasia va publicando sus memorias por entregas mientras los que fueron sus colaboradores desfilan entre tricornios. El nacionalismo identitario es políticamente letal, éticamente condenable, psicológicamente patológico, culturalmente empobrecedor y económicamente suicida. Pero, además, como demuestran los Millet, Prenafetas y Alavedras de este mundo, es una farsa repugnante que sus explotadores utilizan para enriquecerse delictivamente a la par que se ríen de los infelices que les votan plenos de fervor tribal. Hace más de un siglo que los partidos nacionalistas catalanes toman el pelo a los sufridos habitantes del Principado con el único fin de chupar insaciables de la ubre presupuestaria a los sones de Els Segadors. Ojalá llegue el día en que los catalanes despierten de su ensueño particularista y propinen un puntapié en las posaderas a tanto mangante manipulador que de manera desaprensiva se ha forrado a costa de sus sentimientos. 

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21. Octubre 2009 por AVQ.

 En la convulsa y fragmentada Italia de los siglos XIV, XV y XVI, surgieron capitanes de fortuna que al mando de ejércitos mercenarios ponían su espada al servicio de la ciudad-Estado que mejor retribuía sus servicios. Pronto se les conoció como condotieros, condottieri en italiano, vocablo derivado del término condotta, que era el contrato que suscribían con el gobierno que les empleaba. Feroces en el campo de batalla, sutiles en las negociaciones con sus posibles patronos, desprovistos de cualquier escrúpulo y totalmente ignorantes de la mínima noción de lealtad, cambiaban de bando en función del tamaño de la bolsa que se les ofrecía y se dieron casos en los que la defección se producía en plena batalla, lo que da una medida de su bajísima talla moral. Su figura y su forma de entender la guerra como negocio han quedado como el arquetipo del desaprensivo que se vende sin importarle un ardite la nobleza o la vileza de la causa a la que se apunta. En el campo de la política siempre ha habido personajes asimilables a los condotieros y en la España de hoy contamos con unos cuantos. Por supuesto, dentro del género existen niveles y categorías, hay condotieros y condotieras, condotieritos y condotieritas, al igual que sucedía en el Renacimiento, cuando algunos de ellos contaban con una pequeña mesnada de desharrapados y otros estaban al mando de fuerzas muy poderosas de miles de hombres perfectamente armados. A los condotieros políticos contemporáneos se les distingue fácilmente. Pululan por los platós televisivos y las cadenas radiofónicas hablando fundamentalmente de si mismos, critican de manera oportunista a las formaciones en las que militan, desvelan con descaro conversaciones privadas si ello les proporciona la atención de los medios o sube las ventas de sus libros de chismes y bobadas, fluctúan en sus posiciones ideológicas o simplemente las evitan, entran y salen fugazmente de militancias sucesivas dependiendo de la satisfacción de sus desmedidas ambiciones y exhiben una egolatría obscena trufada de una vanidad ridícula. Brillan brevemente en el firmamento público y pronto desaparecen como esas cerillas que una vez encendidas en la cocina o en el salón de fumadores son inmediatamente abandonadas en la basura o en el cenicero para ser tragadas definitivamente por la nada, que al fin y al cabo es su destino natural. 

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14. Octubre 2009 por AVQ.

   Ayer el Congreso de los Diputados con el voto en contra del Grupo Popular y de UPyD aprobó la toma en consideración de la propuesta unánime formulada por el Parlamento vasco para dar rango de ley a las normas tributarias dictadas por las Juntas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en virtud de los derechos forales que estos entes territoriales tienen constitucionalmente atribuidos. Los argumentos a favor de igualar en rango estas disposiciones fiscales de órganos provinciales, es decir, de nivel local, a las de las Comunidades Autónomas y a las del propio Estado, tienen cierta lógica jurídica, que ha sido esgrimida por todos los partidos presentes en la Cámara de Vitoria ¿Por qué, se han preguntado los representantes autonómicos vascos, una ley sobre impuestos adoptada por el Parlamento andaluz, valenciano, riojano o catalán, sólo puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, mientras que las homólogas de nuestras tres Juntas Generales son susceptibles de contestación ante la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria? Por supuesto, si el debate se sitúa en el plano jurídico-constitucional, hay razones en pro y en contra y las distintas escuelas de pensamiento aportarán alambicados dictámenes sobre el asunto. Ahora bien, si nos trasladamos al plano político, no cabe la menor duda de que aquellos partidos que estén de verdad comprometidos con la unidad nacional deben oponerse a esta reforma legal. El impropiamente llamado “blindaje” de la fiscalidad foral vasca no es otra cosa que uno más de los múltiples pasos que los nacionalistas recorren en su camino hacia sus metas independentistas. Unas veces sus avances son susceptibles de cobertura constitucional, como el caso que nos ocupa, y otras son agresivamente inconstitucionales, como el nuevo Estatuto de Cataluña. Sin embargo, a estas alturas de la película, cuando las formaciones nacionalistas han desvelado sin tapujos su objetivo último, la liquidación de España como Nación, cualquier concesión que se les haga, justa o injusta, compatible o no con el ordenamiento vigente, es hacerles el juego de manera tan pusilánime como suicida. Por eso, la elaborada exposición de Carmelo Barrio en las páginas de El Mundo para fundamentar la posición favorable del PP vasco respecto a esta iniciativa surgida de los nacionalistas, así como el azorado discurso de Antonio Damborenea en la Carrera de San Jerónimo, resultan patéticos por su ceguera ¡Qué más da que en esta ocasión el regalo a los secesionistas sea quizá constitucionalmente válido si el cuadro general de la desintegración de España impone cortar de raíz toda ventaja que pretendan adquirir! La deliberada ausencia de los diputados del PP vasco a la hora de la votación es un reflejo fiel de la actitud de los dos grandes partidos nacionales ante la ofensiva particularista concretada en la incapacidad de afrontar con el coraje requerido el problema central de España en esta hora decisiva, que no es otro que el de su propia supervivencia. Los nacionalistas tienen un lema que siguen de manera implacable: “Suma y sigue”. El de los teóricamente comprometidos con los principios y valores de nuestra Carta Magna es, por el contrario, “Cede y calla”. Parece bastante claro cuál de estos dos planteamientos lleva las de ganar.                                                                     

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8. Octubre 2009 por AVQ.

 España ha bajado desde 2004 seis puestos en el Índice Global de Percepción de la Corrupción de acuerdo con la evaluación periódica que lleva a cabo Transparencia Internacional, la organización que evalúa la honradez de las administraciones en el mundo. Se trata de un síntoma más del declive en el que estamos inmersos los españoles después del espejismo de las burbujas financiera e inmobiliaria de la década 1997-2007. También hemos descendido varios escalones en el ranking de competitividad y en el de calidad del sistema educativo entre los países desarrollados, lo que indica que padecemos males profundos que no son episódicos, sino de carácter estructural. Una ola viscosa de relativismo ético, hedonismo banal y plebeyez zafia nos invade progresivamente desde los medios audiovisuales mientras nuestra sociedad va incorporando hábitos destructivos en sus comportamientos tanto privados como públicos. La corrupción es letal para el correcto funcionamiento de los mercados, base de la prosperidad y del crecimiento. De hecho, puede acabar con la economía más boyante, tal como se ha demostrado en Argentina o en Zimbabwe, por citar dos ejemplos notorios. Nosotros aún nos encontramos lejos de estos casos extremos, pero hemos emprendido un camino muy peligroso. Aquellos que presentan conductas escandalosamente venales en el ejercicio de responsabilidades de gobierno a nivel municipal, autonómico o estatal, no son objeto del rechazo social inmediato e implacable que debería producirse en una sociedad moralmente sana. Por el contrario, son protegidos por sus partidos, escapan con cierta facilidad a una justicia lenta y politizada y pueden incluso medrar transformados en personajes de reality show. Se han creado pequeños partidos -véase Baleares- con el exclusivo fin de que sus dirigentes puedan lucrarse ilegalmente en operaciones urbanísticas. Hemos caído tan bajo que un elemento central del debate político es en estos días si la fiscalía y la policía tratan mejor a los presuntos chorizos del partido del gobierno que a los del primer partido de la oposición. Una clase política profesionalizada desde su temprana juventud, que concibe el servicio público como un modo de vida cómodo y bien remunerado que permite ganar status y privilegios sin el esfuerzo de estudio o de trabajo que exigen otras ocupaciones, se entrega a todo tipo de cohechos, prevaricaciones, malversaciones y abusos en un clima de alarmante permisividad. Tipos de una vulgaridad ofensiva, que hacen del lujo una forma de ordinariez, se encaraman a las más altas poltronas para dedicarse al saqueo del presupuesto. Nos rodea un panorama desolador ante el que hemos de reaccionar antes de que la porquería nos ahogue y la vergüenza sea nuestro único consuelo. 

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