SUMA Y SIGUE

14. Octubre 2009 por AVQ.

   Ayer el Congreso de los Diputados con el voto en contra del Grupo Popular y de UPyD aprobó la toma en consideración de la propuesta unánime formulada por el Parlamento vasco para dar rango de ley a las normas tributarias dictadas por las Juntas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en virtud de los derechos forales que estos entes territoriales tienen constitucionalmente atribuidos. Los argumentos a favor de igualar en rango estas disposiciones fiscales de órganos provinciales, es decir, de nivel local, a las de las Comunidades Autónomas y a las del propio Estado, tienen cierta lógica jurídica, que ha sido esgrimida por todos los partidos presentes en la Cámara de Vitoria ¿Por qué, se han preguntado los representantes autonómicos vascos, una ley sobre impuestos adoptada por el Parlamento andaluz, valenciano, riojano o catalán, sólo puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, mientras que las homólogas de nuestras tres Juntas Generales son susceptibles de contestación ante la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria? Por supuesto, si el debate se sitúa en el plano jurídico-constitucional, hay razones en pro y en contra y las distintas escuelas de pensamiento aportarán alambicados dictámenes sobre el asunto. Ahora bien, si nos trasladamos al plano político, no cabe la menor duda de que aquellos partidos que estén de verdad comprometidos con la unidad nacional deben oponerse a esta reforma legal. El impropiamente llamado “blindaje” de la fiscalidad foral vasca no es otra cosa que uno más de los múltiples pasos que los nacionalistas recorren en su camino hacia sus metas independentistas. Unas veces sus avances son susceptibles de cobertura constitucional, como el caso que nos ocupa, y otras son agresivamente inconstitucionales, como el nuevo Estatuto de Cataluña. Sin embargo, a estas alturas de la película, cuando las formaciones nacionalistas han desvelado sin tapujos su objetivo último, la liquidación de España como Nación, cualquier concesión que se les haga, justa o injusta, compatible o no con el ordenamiento vigente, es hacerles el juego de manera tan pusilánime como suicida. Por eso, la elaborada exposición de Carmelo Barrio en las páginas de El Mundo para fundamentar la posición favorable del PP vasco respecto a esta iniciativa surgida de los nacionalistas, así como el azorado discurso de Antonio Damborenea en la Carrera de San Jerónimo, resultan patéticos por su ceguera ¡Qué más da que en esta ocasión el regalo a los secesionistas sea quizá constitucionalmente válido si el cuadro general de la desintegración de España impone cortar de raíz toda ventaja que pretendan adquirir! La deliberada ausencia de los diputados del PP vasco a la hora de la votación es un reflejo fiel de la actitud de los dos grandes partidos nacionales ante la ofensiva particularista concretada en la incapacidad de afrontar con el coraje requerido el problema central de España en esta hora decisiva, que no es otro que el de su propia supervivencia. Los nacionalistas tienen un lema que siguen de manera implacable: “Suma y sigue”. El de los teóricamente comprometidos con los principios y valores de nuestra Carta Magna es, por el contrario, “Cede y calla”. Parece bastante claro cuál de estos dos planteamientos lleva las de ganar.                                                                     

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