ESPAÑA EN CRISIS: ¿ALTERNANCIA O ALTERNATIVA?
2. Febrero 2010 por JOAQUIN.
(Conferencia pronunciada en Valencia por el Vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, el 1 de Febrero de 2010 por invitación del Club de Encuentro Manuel Broseta)
Queridos amigos y amigas, muy buenas noches a todos.
Muchas gracias Pablo por tu amable presentación. Es un inmerecido privilegio para mí ocupar esta prestigiosa tribuna que mantiene vivo el recuerdo de un gran jurista, un gran intelectual, un gran valenciano, un gran español y una gran persona como fue tu padre. Si el odio criminal no hubiese segado su vida hace ahora dieciocho años, no es difícil imaginar lo que Manuel Broseta escribiría y diría hoy ante la grave situación que atraviesa España en esta etapa de su Historia, sin duda alguna la más preocupante y también la más decepcionante de las últimas tres décadas de recuperada democracia constitucional, a cuya puesta en marcha él contribuyó tan valiosamente. Tú mismo, autorizado intérprete de su pensamiento y fiel guardián de su herencia política y moral, afirmabas en una entrevista reciente “pienso que aún hemos de ver muchas cosas y que aún van a empeorar más” y añadías refiriéndote a los principales dirigentes políticos del país “parece que su línea de trabajo va en el sentido de que el deterioro aumente, me parece una absoluta irresponsabilidad”. Y estas palabras tuyas, tan ajustadas al momento presente, reflejan perfectamente una realidad tan dolorosa como innegable: España padece una crisis múltiple y profunda que afecta a los fundamentos de nuestro sistema de convivencia, que pone en riesgo la supervivencia misma de nuestra antigua y querida Nación. Aunque la pavorosa recesión que sufrimos, con sus amargas secuelas de desempleo y de desequilibrios peligrosísimos de las cuentas públicas, es la que acapara la atención de los medios y del debate parlamentario, existen otras dimensiones de la crisis que son tan o más destructivas, y que despiertan una viva inquietud en todos los que contemplan nuestro panorama público con la debida lucidez. Junto a una crisis económica durísima, en efecto, castigan con saña el cuerpo nacional otras tres crisis, simultáneas y alimentándose entre sí en devastadoras sinergias, una crisis moral, una crisis institucional y una crisis de unidad nacional que han alcanzado cotas inimaginables unos pocos años atrás. Sobre nuestro venerable solar cabalgan amenazadores estos cuatro jinetes de un posible apocalipsis que afortunadamente todavía estamos a tiempo de evitar, si bien el margen de tiempo y de maniobra es cada día más estrecho. Pues bien, este es el tema de mi intervención hoy en Valencia, la crisis de España, su descripción, sus causas y sus eventuales remedios. Reconozco que podía haberles propuesto asuntos más placenteros y menos comprometidos, pero entonces caería en esa irresponsabilidad que tan justamente denunciaba Pablo en las declaraciones a las que he hecho alusión al principio.
Comencemos por la crisis económica. A mediados de 2008, nuestro tejido productivo empezó a perder fuelle tras una década de continuo crecimiento, de creación de empleo, de liberalización de mercados estratégicos, de privatizaciones que estimularon un prometedor capitalismo popular, de fortalecimiento de las clases medias y de internacionalización de nuestras empresas. España fue entre 1996 y 2007 un referente y un ejemplo. Se hablaba del milagro y del modelo español. El paso de doce a casi veinte millones de personas activas, la reducción a la mitad de la tasa de paro, la entrada triunfal de las mujeres en el mercado de trabajo, la incorporación al euro con todos los pronunciamientos favorables, el reiterado superávit de la Seguridad Social, la espectacular mejora de las infraestructuras de transporte y comunicaciones, la acelerada convergencia con los países centrales de la Unión Europea, la voluminosa aportación de recursos procedentes de las arcas comunitarias tras una exitosa negociación de las perspectivas financieras y el equilibrio de ingresos y gastos del conjunto de las Administraciones llenaron de orgullo y de satisfacción a los españoles y generaron más allá de nuestras fronteras una mezcla de admiración y de envidia. Todavía en la antesala de la crisis en la que nos encontramos inmersos el actual presidente del Gobierno se permitía torpes chanzas sobre nuestro inminente adelantamiento a Italia y Francia en renta per cápita. Estoy seguro que en el futuro el período Zapatero será estudiado a partir de las numerosas ocasiones que perdió de callarse. ¿Qué ha sucedido para que súbitamente hayamos pasado de la euforia al desaliento, del crecimiento a la recesión, de campeones en crear puestos de trabajo a colistas vergonzantes en el ranking de paro y de primeros de la clase en ortodoxia macroeconómica a rémoras del Eurogrupo? La explicación es sencilla. En los dos mandatos de Aznar se realizaron reformas estructurales necesarias para que la economía española se liberase de rigideces por una parte y se abriese al exterior por otra con el fin de aprovechar una coyuntura internacional entonces favorable, además de procurar una cierta austeridad en el gasto público dentro de las circunstancias permitidas por nuestro elefantiásico Estado de las Autonomías, políticas acertadas que facilitaron una disminución de impuestos y se tradujeron en resultados francamente positivos. Sin embargo, a ese atleta por fin ágil y desinhibido que corría veloz por la senda del crecimiento, le faltaba músculo y capacidad pulmonar. El modelo español era llamativamente exuberante, pero peligrosamente frágil. El peso patológico del sector de la construcción, el predominio excesivo de los servicios sobre la industria, las bajas cualificaciones del capital humano, el exceso de endeudamiento, el abultado déficit exterior, la insatisfactoria productividad por trabajador, las trabas a la unidad de mercado impuestas por las Autonomías, la dualidad y el anquilosamiento del mercado laboral, eran otras tantas debilidades que nos podían pasar una onerosa factura si se producía un cambio negativo en el entorno global, como tristemente ha sucedido. De hecho, en el plan de Aznar estaba que en la previsible tercera legislatura en el poder del centro-derecha se completarían las medidas pendientes en los campos de la formación, de la innovación, de la utilización masiva de las ICT y de la búsqueda de la competitividad mediante el valor añadido y la calidad de nuestros productos. La tragedia del 11-M introdujo un quiebro inesperado en el curso de los acontecimientos y catapultó a La Moncloa a la persona menos adecuada para hacer frente a lo que se nos venía encima. Ignorante supino incluso de los rudimentos de la ciencia económica, sin experiencia de gobierno ni actividad previa útil alguna, ajeno a las relaciones internacionales, oportunista, cortoplacista, ecologista barato y pacifista pusilánime, la gestión de las enormes dificultades a las que se enfrentan España y el mundo en este crack financiero planetario es una tarea que a José Luis Rodríguez Zapatero le rebasa a todas luces y a la vista están los indicadores y nuestra posición relativa respecto a nuestros socios europeos. España es como un Airbus 400 en medio de turbulencias de máxima intensidad pilotado por un niño apto para manejar a lo sumo un triciclo. Así nos va. La negativa a reconocer la realidad por motivos electoralistas nos hizo perder un tiempo precioso, la resistencia a reducir el gasto público y a reformar el mercado laboral en aras de un izquierdismo anacrónico y por miedo a los sindicatos ha agudizado los problemas y el incremento de la presión fiscal ha acelerado la destrucción de empresas. El anuncio de un programa de control presupuestario, la oferta a la oposición de un pacto educativo, una ley de economía sostenible que es un brindis al sol y el retraso gradual de la edad de jubilación son braceos desesperados de náufrago, palos de ciego que revelan la ausencia de una visión completa y que llegan tarde. Semejante exhibición de incompetencia ha suscitado la crítica cuando no la mofa de la prensa internacional y la imparable pérdida de confianza en nuestro país de los inversores, lo que se ha traducido en un descenso de la calificación de nuestra deuda y un mayor peso sobre el erario del servicio a la misma. La salida de la recesión requiere por tanto la desaparición de ZP de la escena política, no tanto por una cuestión de preferencias políticas como por pura supervivencia.
Pasemos a la crisis moral. Ninguna democracia, ni las más prestigiadas, puede eliminar por completo la corrupción. Pero las alarmas se encienden cuando los casos se multiplican y dejan de ser una anomalía del sistema para convertirse en un elemento constitutivo del mismo y de su funcionamiento. El alud de delitos al que hemos asistido cometidos por cargos institucionales de distintos partidos, sobre todo en el ámbito del urbanismo y de las licitaciones públicas, empieza a rozar la línea roja que separa lo ocasional de lo estructural. En este contexto resulta especialmente indignante la débil reacción de la justicia y de las formaciones políticas afectadas, así como la insuficiencia de la condena social de estas actuaciones escandalosas. Cambiando de tercio, pero no de faena, basta conectar el televisor y contemplar determinados espacios de gran audiencia para evaluar qué tipos de modelo de comportamiento se proponen a los españoles y cuál es el nivel estético, intelectual y ético que las productoras, en persecución legítima de espectadores en un sector ferozmente competitivo, asumen que su público va a apreciar. Este es el lado estrictamente comercial, pero no hemos de olvidar que existe asimismo un plan tácito auspiciado desde los estrategas del zapaterismo de transformación social en una dirección cuidadosamente preparada. Es una serpiente, y nunca mejor escogido el símil, que se muerde la cola. De un lado, desde el poder se impulsa una combinación viscosa de relativismo moral, ideología de género, hostilidad a la religión, degradación del sistema educativo, medioambientalismo acientífico, hedonismo fácil, multiculturalismo cobarde, pacifismo suicida y desprecio y ridiculización de todos los valores y convenciones que vertebran y prestan fortaleza a una sociedad. Del otro, los medios audiovisuales de masas sirven a esta demanda cada vez más grosera y degradada amplificando el fenómeno en una espiral destructiva de zafiedad, incultura y rechazo del esfuerzo, el mérito, el buen gusto y el sentido del deber. Tras el fracaso del marxismo, sus huérfanos han construido nuevas herramientas de supuesta liberación, reemplazando la lucha contra la desigualdad material y contra el modo de producción capitalista por la eliminación de las ataduras ancladas en la naturaleza misma del hombre. Una nueva antropología emanada de la ideología de género pugna por construir saltando por encima de toda lógica biológica y de toda moral trascendente una nueva humanidad sin limitaciones derivadas del sexo o de la familia denigrada como “patriarcal”. El totalitarismo marxista produjo un sistema inhumano y por eso se derrumbó. La amenaza ahora proviene de un planteamiento que en su pretensión de ser post-humano deviene infrahumano. La reducción de la vida humana en gestación a un estorbo prescindible con el apoyo de la mayoría de la sociedad muestra sin paliativos los abismos a los que nos arrastran. La vieja máxima marxista “de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades” es sustituida por la regla zapateril “de cada uno según su disponibilidad, a cada uno según sus antojos”, edificante filosofía de la vida transmitida mediante la asignatura de Educación para la Ciudadanía y claramente expresada en la novedosa Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva presentada la semana pasada por el dúo Bibi-Trini, en la que se establece que la maternidad no es un hecho natural sino cultural, que hay que introducir referentes gays, lésbicos y bisexuales en la educación de los niños y de los adolescentes para corregir las carencias informativas que padecen en este terreno, que la ideología de la maternidad se construyó para sentar las bases de la opresión femenina y que el cibersexo es una excelente forma de ocio y escape para los más tímidos. Quiero advertir que nada más lejos de mi ánimo que impedir que las ministras de Sanidad, Igualdad y Cultura se entreguen al cibersexo de alta tecnología, solas o en grupo. Mis probadas convicciones liberales hacen que considere la esfera privada inviolable. Ahora bien, lo que discuto es la legitimidad de un Gobierno en el marco de nuestra Constitución para imponer a las familias un determinado concepto de la relación de pareja o una concreta moral sexual. Es más, me parece una intromisión inaceptable en la libertad individual garantizada por nuestra Ley de leyes. Tampoco hemos de olvidar en el ámbito de la pedagogía que según ZP y su coro de vestales del feminismo radical ha de derribar los muros de conservadurismo e intolerancia que aprisionan a los españoles, los discursos planetarios del Presidente del Gobierno en los que hemos aprendido que no es la verdad la que nos hace libres sino la libertad la que nos hace verdaderos y que la tierra es del viento. Sinceramente, creo que lo que está en juego no es nuestra salud sexual y reproductiva sino nuestra salud mental en manos de esta banda de orates. La conclusión es evidente: hemos de concentrar nuestro esfuerzo en conseguir que el Partido Socialista cambie de equipo directivo si no queremos acabar todos, izquierda, centro y derecha, en el desempleo y en el manicomio.
Le toca el turno en este repaso a la crisis institucional. Está más que probado que el buen gobierno requiere una arquitectura institucional correctamente diseñada que funcione eficazmente. Cuando las instituciones flaquean, el orden social se deteriora y se abre paso al caos o a la opresión. Desde esta perspectiva, hemos de reconocer que en España se consolida la percepción de que muchos órganos esenciales del Estado están fallando hasta un punto que produce en la ciudadanía escepticismo, desconfianza e indignación. Voy a citar un ejemplo elocuente de este clima de tensión: Más de medio millar de jueces han firmado un manifiesto estos días en el que protestan por la que consideran intolerable politización de la justicia y en el que reivindican su capacidad de ejercer su trabajo con la debida independencia. Si son los propios miembros de los Tribunales los que denuncian la injerencia de los otros poderes del Estado en su espacio de competencia exclusiva, nos vemos obligados a pensar que algo habrá que hacer si no queremos convertirnos en un país bananero. Una justicia rápida, certera, al alcance de todos y auténticamente independiente es una pieza indispensable de una sociedad moderna y democrática en orden a garantizar su armonía interna y su desarrollo económico. La Constituciónconfigura una Administración de Justicia a cargo de magistrados inamovibles, profesionales y sometidos únicamente al imperio de la ley que se autogobiernan al abrigo de influencias externas. Por desgracia, este esquema no ha sido respetado y sucesivas reformas legislativas han ido pervirtiendo los impecables propósitos del constituyente. Hoy el autogobierno de los jueces es pasto de los partidos de manera casi obscena, los nombramientos se paralizan por conflictos entre siglas, los medios materiales y humanos al servicio de los tribunales han sido transferidos absurdamente a las Comunidades Autónomas en perjuicio de la unidad y coherencia de la máquina judicial, que es y debe ser nacional por mandato constitucional y por sentido común. Además de esta contaminación partidista y de esta fragmentación, cobra aliento otro fenómeno aún más preocupante si cabe. Ya son demasiadas las ocasiones en las que los ciudadanos albergan fundadas sospechas de que decisiones judiciales muy relevantes no son dictadas con estricta sujeción al derecho y nada más que al derecho, sino que obedecen a motivaciones espurias de carácter político o de interés personal. En particular, la ejecutoria de ciertos fiscales es un fiel reflejo de los deseos y de los intereses del Gobierno y algunos jueces, sobre todo uno muy célebre, ofrecen trayectorias en las que afloran episodios turbios de actuaciones que parecen obedecer más a sus concomitancias con el poder político o a sus maniobras para triunfar en su carrera que a sus obligaciones como intérpretes y aplicadores de la ley. Este es, por tanto, un campo en el que urge una amplia reforma que corrija los graves defectos y carencias que se han acumulado a lo largo de las últimas tres décadas.
Otro punto negro de nuestro entramado institucional es nuestro sistema de partidos. Organizaciones concebidas enla Constitución como vehículos internamente democráticos para la expresión ordenada de la pluralidad política e ideológica y como cauces de las distintas opciones electorales, han degenerado en maquinarias burocráticas en manos de cúpulas oligárquicas cooptadas y en modo de vida no de políticos profesionales, sino de profesionales de la política, que entienden que su trabajo es mera demoscopia con los ojos puestos en la consecución, mantenimiento y disfrute del poder. Este planteamiento de empobrecedor pragmatismo oportunista va en detrimento del compromiso con los principios y valores que cada partido pretende defender y con el interés nacional, que en teoría debe siempre primar sobre el interés partidista. Los ejemplos para ilustrar este problema son abundantes, pero quiero referirme a uno muy reciente que me parece particularmente revelador por lo inaudito. La ley y el interés general exigen la construcción de un almacén temporal de residuos de alta actividad procedentes de las centrales nucleares que operan en nuestro país. La competencia en esta materia es exclusiva del Estado y el Gobierno central en uso de sus atribuciones ha convocado un concurso al que pueden concurrir los municipios que lo deseen, y así lo han hecho una docena de ellos. Pues bien, las direcciones de los dos partidos políticos mayoritarios en Cataluña y en Castilla-La Mancha han amenazado a sus alcaldes en algunas de estas localidades con expedientarles por haber presentado su candidatura para albergar esta instalación. El cúmulo de despropósitos de tal proceder es realmente increíble. En primer lugar, la autonomía municipal ha de ser respetada y un partido político se ha de abstener de presionar a un edil en el ejercicio de sus funciones, en segundo las Comunidades Autónomas carecen de competencias en este tema y en tercero se trata del interés nacional por lo que argumentos localistas están fuera de lugar. Para mayor inri, el Partido Popular defiende un mix energético en el que la electricidad de origen nuclear tenga un papel significativo y el Presidente de la Generalidad de Cataluña fue quién en su etapa de ministro de Industria impulsó la correspondiente normativa sobre el Almacén Temporal. Al igual que sucede con los conflictos sobre los recursos hídricos, los particularismos más descarados pasan por delante de la coherencia política y del sentido de Estado. Esta polémica bochornosa demuestra el grado de partidismo electoralista impúdico al que se ha llegado en España sin que nadie le ponga coto. No es extraño que personas de reconocida valía y biografías admirables se aparten de la primera línea política, incapaces de soportar las contradicciones y las inconsistencias de los partidos en los que militan. El abandono de los mejores es una señal de que una organización necesita un serio examen de conciencia.
Obviamente, no es posible hablar de la crisis institucional en España sin mencionar el Tribunal Constitucional y su impotencia frente a los recursos presentados contra el nuevo Estatuto catalán. Una simple aplicación de la jurisprudencia previa del Tribunal sobre los temas objeto de recurso hubiera bastado para disponer de una sentencia en seis meses y llevamos más de tres años de forcejeo entre los magistrados. Este retraso insólito no obedece, por consiguiente, a la complejidad jurídica del tema en litigio, porque nadie ignora, ni siquiera sus propios impulsores, que el Estatuto de Cataluña es inconstitucional de la cruz a la raya, sino a la contaminación política del supremo intérprete de la Constitución, más atento a lo que puede suceder más allá de sus paredes que a la aséptica aplicación del derecho. La tesis de que sería mejor confiar los procedimientos constitucionales a una sala especializada del Supremo en vez de a un órgano tan expuesto a presiones extrañas cobra fuerza a medida que pasan los meses y el bloqueo continúa para oprobio de la cuarta autoridad del Estado y pasmo de la ciudadanía.
Y, por último, centremos nuestra atención en la crisis de unidad nacional, a mi juicio la más letal de las cuatro porque amenaza la existencia misma de España como entidad jurídico-política y como proyecto colectivo. Lo primero que hemos de constatar al respecto es que el principal objetivo político del Estado de las Autonomías no se ha cumplido. La radical transformación de un Estado de largo recorrido unitario en uno de los más descentralizados del planeta, estructurándolo territorialmente en diecisiete entidades sub-estatales dotadas de amplísimas competencias, con un decidido reconocimiento de elementos diferenciales en el plano cultural, lingüístico y simbólico e incorporación a la Constitución de los derechos históricos de las Comunidades forales, se llevó a cabo con un propósito fundamental: la integración de los partidos nacionalistas y la pacificación de los conflictos catalán y vasco. Como respuesta al gigantesco esfuerzo institucional, presupuestario y político que ha significado el desarrollo del Título VIII de la Constitución, los grupos nacionalistas en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia no sólo no han atemperado su agresividad secesionista, sino que la han intensificado con el paso del tiempo a medida que su control de sus Autonomías respectivas se iba consolidando. Además, su capacidad de apuntalar en el Congreso al gran partido nacional en situación de mayoría relativa, les ha permitido ir avanzando en la consecución de más y mejores herramientas de poder político y financiero que se han apresurado a utilizar para poner en marcha implacables programas de ingeniería social en los campos de la educación, la cultura, la lengua y los medios de comunicación conducentes a erosionar los vínculos emocionales y psicológicos de las sociedades que rigen con el resto de la sociedad española y a perseverar en el intento obsesivo de destruir el sentimiento de pertenencia de sus administrados a la matriz nacional común. No se puede dar mayor deslealtad ni más mezquina ingratitud. Por consiguiente, el Estado de las Autonomías tal como se concibió en 1978, como el resultado de un proceso abierto desplegado mediante el principio dispositivo y perfilado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, confiando siempre en la buena fe y en el sentido de la medida de los partidos nacionalistas, no ha producido el resultado apetecido y su fin primordial no ha sido alcanzado. En definitiva, el intento ha fracasado. La prueba conclusiva e incontestable es el nuevo Estatuto de Cataluña, descarado monumento a la inconstitucionalidad y fuente contaminante de los otros seis reformados hasta ahora en su estela. Procede, en consecuencia, cambiar de enfoque, de estrategia y de método de trabajo. Seguir operando en la creencia de que todavía es posible que los nacionalistas desistan de su empecinamiento en liquidar a España como Nación y en dinamitar el ordenamiento constitucional vigente es alimentar en vano una quimera. A partir de aquí, la fórmula de gobernabilidad empleada en 1993, 1996, 2004 y 2008, es decir, la articulación de acuerdos parlamentarios estables o de geometría variable entre partidos nacionalistas y el gran partido nacional ganador de las elecciones en situación de mayoría relativa en el Congreso, no será posible en 2012 porque el Estado diseñado por la reforma constitucional encubierta que estamos padeciendo será políticamente ingobernable y económicamente insostenible. Desde luego, si el Partido Popular resultase vencedor de las próximas elecciones generales sin conseguir la mayoría absoluta y su dirección nacional intentase garantizar su estabilidad parlamentaria mediante un pacto con los nacionalistas que implicase negarse a sí mismo aceptando la confederalización del Estado, el centro-derecha español experimentaría una convulsión cataclísmica a la que no sobreviviría, por lo menos en su configuración actual.
Una tesis a añadir a estas alturas es la de que el Estado necesita una renovación profunda y amplia que corrija las muchas ineficiencias, inconsistencias y disfuncionalidades generadas a lo largo de treinta años de desarrollo autonómico. Durante mucho tiempo se ha aceptado como un principio indiscutido que la descentralización es buena en sí misma y que a mayor número de competencias transferidas a las Autonomías, más bienestar y mejores servicios para los ciudadanos. Esta es una apreciación tan simple como falsa. La partición de parques nacionales que se extienden por más de una Comunidad, la parcelación de cuencas hidrográficas de grandes ríos peninsulares, la heterogeneidad normativa sobre el ejercicio de profesiones tituladas, la pérdida de control de los órganos centrales del Estado sobre la planificación urbanística, la ya mencionada fragmentación de la “administración de la Administración de Justicia” o la dispersión de currículos educativos, son ejemplos palmarios de que hay ámbitos en los que una gestión o una supervisión centralizada e integrada es la opción idónea y en los que, por el contrario, la atribución de las correspondientes competencias a las instancias regionales con carácter exclusivo va en detrimento de la eficacia, de la eficiencia y de la calidad. La Generalidad de Cataluña gasta 160M de euros al año en promoción del catalán, o lo que es lo mismo, en eliminar el castellano del espacio oficial y público y del sistema educativo, 1M en procurar que los indígenas de la selva ecuatoriana no hablen español, 70M en propaganda institucional, 330M en estudios e informes, casi todos inútiles, y 70M en acción exterior, competencia, por cierto, exclusiva del Estado. En Extremadura de cada tres asalariados uno es público y en Andalucía uno de cada cuatro, lo que va acompañado de los niveles de desempleo más altos de España. La Junta de Andalucía ha creado una tupida red de empresas públicas, que escapan al control propio del derecho administrativo, que cuentan con 20000 empleados y un presupuesto de 5300M, añadidos a 250000 funcionarios autonómicos, quince consejerías y un presupuesto de 32000M. No es de extrañar que en el presupuesto nacional del año próximo figuren 11000M extra para financiación autonómica a pesar de que el déficit público en el ejercicio en curso será del 11% del PIB y de que a día de hoy el Estado gasta quince euros por cada nueve que ingresa. Se ha hablado de Estado fragmentado y de Estado desconcertado. Yo me inclino por la denominación de Estado pródigo, pero en el sentido del Código Civil. Basta recordar que España tenía en 1978 setecientos mil funcionarios y el Estado cumplía aceptablemente sus tareas. Hoy pagamos la nómina de más de tres millones de empleados públicos y no se puede decir que los administrados estén mucho mejor servidos que entonces, salvo que los parámetros para evaluar la calidad de vida de los españoles sean el número de lenguas que hablan, la cantidad de ellos que viven de la política, la multiplicación de casos de corrupción urbanística o la proliferación de barreras administrativas y normativas que perturban la unidad de mercado y hacen su vida más incómoda.
¿Adónde nos lleva un examen desapasionado de un cuadro tan deprimente? Pues a la convicción de que es absolutamente indispensable que en las cúpulas de los dos grandes partidos nacionales se produzca un cambio conceptual en relación a los partidos nacionalistas y su papel en nuestro sistema político. Los nacionalismos de raíz étnico-lingüística, que erigen la identidad en valor supremo por encima de la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales de los individuos no pueden ser considerados piezas normales del sistema y aliados ocasionales cuando las circunstancias lo requieren. Es imposible, aparte de masoquista, gobernar una Nación de la mano de aquellos cuya prioridad explícita es destruirla. Mientras los máximos responsables de los dos grandes partidos sigan percibiéndose mutuamente como enemigos irreconciliables y a los nacionalistas como socios de conveniencia, la arquitectura institucional, jurídica y política nacida del pacto civil de 1978 está abocada al derrumbe. Es sorprendente desde esta óptica la persistencia en este error de perspectiva a pesar de la clamorosa evidencia de sus efectos letales. La cadena de cesiones iniciada en 1993, continuada en 1996 y culminada por el vergonzoso entreguismo de 2004 y 2008, ha trazado una ruta sin posible retorno que hay que rectificar sin dilación.
Querido Pablo, queridos amigos, ha llegado el momento de cerrar estas consideraciones sobre la crisis de sistema que está atravesando España y que muy pocos se atreven, nos atrevemos, a diagnosticar en toda su magnitud. Sentada esta premisa y a pesar de los muchos y relevantes motivos que nos pueden empujar hacia el pesimismo y el desánimo, quiero afirmar con rotundidad que existe una línea de acción política capaz de dar respuesta a los gravísimos problemas en que estamos inmersos y que esta orientación estratégica es factible porque cuenta con una amplísima base social de españoles de diversas adscripciones ideológicas que desean fervientemente seguir siéndolo. Y a ellos hay que dirigirse, a ellos hay que apelar directa y sinceramente, llamándoles a apoyar una ambiciosa agenda de regeneración institucional y ética y de reformas valientes de nuestra economía. De cara a las elecciones de 2012, nuestra última oportunidad antes del colapso que se avecina, el Partido Popular ha de comprometerse a tender la mano al Partido Socialista, tanto si obtiene una mayoría absoluta en el Congreso como si ésta es sólo relativa, para sellar con el centro-izquierda nacional -que después de su más que probable derrota en las urnas, podemos prever que estará encabezado por un equipo dotado de las cualidades que tantos socialistas serios echan de menos hoy en La Moncloa, a saber, inteligencia, preparación, sensatez, patriotismo y ecuanimidad- un pacto de Estado para revisar a fondo la Constitución y para emprender un riguroso y amplio programa de reformas estructurales en los órdenes económico, social e institucional de tal manera que la Naciónrecupere la cohesión, el Estado se fortalezca y la ofensiva disgregadora que lo amenaza sea neutralizada con carácter definitivo. Eso es lo que la inmensa mayoría de españoles queremos y si lo queremos hemos de estar dispuestos a combatir por ello, democráticamente, pacíficamente, respetuosamente, civilizadamente, pero con determinación y valor.
Proclamémoslo alto y claro, el concepto de España dibujado en la Constitución de 1978 no es discutido ni discutible, es diáfano: la Nación ilustrada, de ciudadanos libres e iguales, marco protector de derechos y libertades y espacio de solidaridad y de continuidad histórica. Esa y no otra es la España constitucional, esa y no la nación étnica cultivadora neurótica de la identidad; la Nación moderna, civil y democrática frente al conglomerado informe de clanes aborígenes al que los nacionalistas y su aliado de La Moncloaquieren rebajarnos. No hay comparación entre estas dos opciones, sepamos explicarlo sin timideces ni complejos y los españoles elegirán bien.
Se ha cumplido el tiempo de la Constitución de 1978 y para salvar su alma hemos de darle músculo a su cuerpo. Es hora de empezar una nueva etapa de la historia de España, una etapa en la que no nos resignemos a chapotear en el charco insulso de relativismo disolvente y hedonismo fácil en el que nos encontramos desde hace seis años. Somos una gran Nación occidental y tenemos mucho que aportar a un siglo XXI que será global, acelerado y pleno de oportunidades para una España en la que la diversidad enriquezca la unidad y la unidad integre la diversidad, una España que no sea más un problema, ni un dolor ni un proceso, sino una realidad viva y fecunda, un proyecto de libertad, justicia, prosperidad y altura moral, de todos y para todos.
España no saldrá de su crisis si en 2012 se produce una simple alternancia en el Gobierno. Lo que España está pidiendo a gritos es una verdadera alternativa, una ambiciosa Agenda de recuperación, de regeneración y de rectificación, un vigoroso salto adelante que le devuelva el rumbo perdido, que la sitúe de nuevo con coraje y entusiasmo en la senda del éxito. No se trata de hacer más o menos lo mismo, pero mejor, sino de corregir sin vacilaciones un camino profundamente equivocado. Se trata de escapar del hoyo en el que nos debatimos para remontar otra vez el vuelo. Para ello, los españoles nos hemos de movilizar y nuestra sociedad civil, secuestrada por lustros de colonización por el poder político partidista y adormecida por un bienestar que se ha demostrado efímero, ha de tomar las riendas de una pujante reacción ante una adversidad que no tiene porqué ser insuperable. Yo invito a los socios y seguidores del Club de Encuentro Manuel Broseta a sumarse a esta indeclinable tarea patriótica con el mismo espíritu y la misma entrega que demostró en todo lo que hizo la llorada figura que le da nombre y contenido. Tengo la seguridad de que si el profesor Broseta estuviera aquí esta noche con nosotros coincidiría en gran medida con las advertencias y con la llamada a la acción que han sonado en esta sala. Es precisamente el legado precioso que hemos recibido de personas de su altísima estatura moral y política el que nos obliga a no caer en la pasividad, a no abandonarnos al fatalismo y a no encogernos en el apocamiento en esta hora crucial de España.
Muchas gracias.