En estos días se han conocido tres noticias relativas a Cataluña que examinadas en su conjunto dibujan un cuadro desolador para la que fuera motor de España, ejemplo de dinamismo económico y vanguardia de las ideas y del arte. Por una parte, se ha publicado que el Principado lidera a todas las Comunidades españolas en número de ERES, de quiebras, de disolución de sociedades y de morosidad bancaria. Del total español de procedimientos concursales, Cataluña representa un 24%, seis puntos por encima de su peso en el PIB nacional, que es del 18%. Otro dato decepcionante es que los juzgados mercantiles  de Barcelona están colapsados por acumulación de asuntos, pero también porque sus plazas tienen pocos solicitantes de otros puntos de España o porque si van a la Ciudad Condal se apresuran a pedir el traslado tan pronto les surge la oportunidad de residir en regiones sin particularismos agresivos. Y el tercer hecho interesante es que las Universidades catalanas, tanto las públicas como las privadas, se han plegado a la imposición del gobierno tripartito de exigencia del conocimiento del catalán para ocupar un puesto de profesor funcionario o contratado. Este conjunto de desgracias refleja el declive imparable de una sociedad secuestrada por la obsesión identitaria, que la empobrece materialmente en la medida que la cierra a la libertad de circulación del comercio, de los capitales y de las personas, que la paraliza institucionalmente al impedirle aprovechar los recursos humanos del Estado al que pertenece y que la limita culturalmente al disuadir a los mejores representantes del mundo académico, profesional e intelectual de elegirla como lugar de trabajo. Cataluña se asfixia oprimida por el corsé nacionalista perdiendo un tiempo y unas energías preciosos que, incluso si reacciona y se sacude las cadenas de fanatismo e irracionalidad que la aprisionan, tardará décadas en recuperar.