De nuevo se anuncia la inminencia de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y varias Comunidades Autónomas contra el nuevo Estatuto de Cataluña. De nuevo se filtran las posiciones de este o aquel magistrado y los supuestos pactos alcanzados en el seno del supremo intérprete de nuestro ordenamiento para resolver en relación a puntos concretos. En realidad, ya no tiene demasiada importancia cuál sea el veredicto final porque los efectos deletéreos de esta irresponsable operación política ya se han producido y su evolución futura es a estas alturas imposible de detener. El mero hecho de que el Tribunal haya necesitado cuatro años para pronunciarse indica por sí solo el nivel de impotencia y deterioro al que ha llegado el sistema político vigente en España. Una sentencia interpretativa, además de no solucionar el problema, sino de abrir la puerta a numerosos conflictos de ahora en adelante, pondría de manifiesto que el Estado de las Autonomías ha entrado en una crisis irreversible en la medida que nuestra estructura institucional y jurídica es incapaz de manifestarse con claridad sobre materias que son diáfanas y de las que depende la supervivencia de España como entidad soberana reconocible y su viabilidad como Estado. Si el Tribunal admite, por muchas declaraciones paralelas que haga, que un Parlamento regional puede, aunque sea en la parte no directamente normativa de un Estatuto, proclamar la condición de nación de una Comunidad Autónoma, la Nación única e indivisible consagrada por nuestra Ley de leyes saltará por los aires. Si los doctos magistrados aceptan la obligatoriedad del conocimiento de una lengua cooficial en una parte del territorio nacional, reconociendo así que un gobierno autonómico está legitimado para negar a una familia el derecho de escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, España como matriz común de libertades y como espacio consolidado de comunicación dejará de existir. Y si una Comunidad Autónoma puede imponer unilateralmente al Congreso de los Diputados la configuración de los presupuestos generales del Estado, la soberanía nacional se desvanece. La conclusión es obvia: estamos viviendo un fin de ciclo histórico que ha durado tres décadas y que la deslealtad de los partidos nacionalistas y la pusilanimidad y el egoísmo de los dos grandes partidos nacionales han conducido inexorablemente al fracaso. La salida del embrollo no será fácil, es posible que sea traumática y seguramente el cuadro que emerja tras el reajuste que se avecina sea muy distinto al que conocemos.