Entre los años 2000 y 2008, la masa salarial de los empleados públicos creció un 60% en España frente a un 3% en Alemania. En cuanto al número de personas que trabajan para las distintas Administraciones experimentó un incremento en nuestro país en este mismo período de un 32%, lo que contrasta con el práctico estancamiento en el resto de la Eurozona. El salto de 65000 millones de euros destinados al Capítulo I en los presupuestos de 2000 a 124000 en los presupuestos de 2009 da una medida del descontrol al que hemos llegado en este ámbito. Cuando se produjo la Transición, el Estado español era políticamente y fiscalmente unitario y la descentralización era estrictamente administrativa. La nómina pública abarcaba entonces a 700000 asalariados, hoy pasan de 3000000. Y si hemos de ser sinceros, los servicios públicos de aquella época operaban de forma bastante satisfactoria. La gente utilizaba los medios de transporte, cobraba sus pensiones, escolarizaba a sus hijos y era atendida en los hospitales sin mayores problemas soportando la cuarta parte de los que ahora cobran cada mes de las arcas colmadas por el contribuyente. Se mire por donde se mire, la escandalosa hipertrofia del sector público no admite justificación en términos de eficiencia de gasto. La comparación con el sector privado aumenta la estupefacción. Desde el inicio de la crisis a mediados de 2007 hasta final de 2009, se han destruido en España 1500000 empleos a la vez que se creaban 135000 puestos de trabajo públicos. Pero eso no es todo.  En 2009, con una inflación del 0.8%, los sueldos de los funcionarios mejoraban en un 3.8%, mientras los privados descendían un promedio del 5.4%. Y en contra de la creencia generalizada, las remuneraciones en el sector público son un  50% más elevadas que en el privado. Un examen de la distribución de plantillas entre los tres niveles de la Administración ayuda a entender el fenómeno. Hace diez años las Comunidades Autónomas tenían 770000 funcionarios, en la actualidad han alcanzado la impresionante cifra de 1695000. Simultáneamente, las instancias centrales han mantenido invariable el número de sus efectivos. En cuanto a los poderes locales, han pasado de 480000 a 665000. O sea, que el engorde patológico lo han producido las Autonomías. El resultado de este dispendio aterrador ha sido una Nación fragmentada, un Estado debilitado y la progresiva radicalización de los partidos nacionalistas. Excelente negocio, sin duda. En una etapa en la que el déficit nos ahoga y nos arrastra a la ruina, es evidente que será imposible la reducción del 12% al 3% en el desequilibrio de las cuentas públicas en los próximos tres ejercicios sin aplicar drásticamente la tijera al tamaño descabellado de la Administración. Es imprescindible y urgente congelar los salarios de los funcionarios, amortizar un porcentaje apreciable de las plazas que queden vacantes por jubilación y podar sin piedad el frondoso árbol de cargos de confianza y de empresas públicas o parapúblicas que nos succionan la vida como sanguijuelas insaciables. Es mejor hacerlo a tiempo que obligados por la dura realidad cuando ya estemos desahuciados. O acabamos con este parásito descomunal o él acabará con nosotros. Advertido queda.