Hace años que venimos oyendo que la existencia de una zona monetaria común sin una estrecha coordinación de las políticas económicas y fiscales de los países que la integran resulta a la larga insostenible. La experiencia de la zona euro nos lo ha demostrado ampliamente con las catastróficas consecuencias de todos conocidas. El Pacto de Estabilidad ha demostrado ampliamente su inoperancia y la crisis financiera global ha puesto al descubierto las vergüenzas de algunos Estados Miembros que no sólo han desequilibrado irresponsablemente sus cuentas públicas, sino que han llegado al extremo de presentar datos falsos a la Comisión. Dado que esta situación es insostenible y que se trata de impedir que unos pocos desaprensivos arruinen al conjunto, la Comisión ha propuesto una serie de medidas de control y de sanciones a los incumplidores que representan un cambio constitucional encubierto de la Unión Europea. Los presupuestos nacionales, los esquemas tributarios e incluso las políticas concretas que incidan en la competitividad serán sometidos preventivamente al escrutinio de la Comisión, que podrá hacer recomendaciones, rechazar aspectos específicos e imponer severas sanciones. De hecho, este planteamiento equivale a la creación de un gobierno económico supranacional, asunto que era tabú antes del cataclismo que nos ha precipitado a una recesión mundial sin precedentes. Ya nada será como antes, ni el modelo social europeo ni la gestión de los déficits ni el papel de los sindicatos. En Bruselas pintan bastos y más vale que ZP lo entienda de una vez por todas y deje de arrastrar los pies a la hora de recuperar la sensatez. La alternativa es sobrecogedora: España intervenida, el euro amenazado y los parados asaltando los supermercados. Estamos en tiempo de descuento y cualquier vacilación nos arrastrará al abismo.