El debate suscitado por la reforma constitucional exprés y monográfica acordada por los dos grandes partidos ha hecho aflorar cuatro posiciones en el arco parlamentario, la de los que apoyan la iniciativa porque la creen necesaria y conveniente, la de los que no la comparten pero la votarán para seguir saliendo en la foto, la de los que se oponen porque consideran que limitar el déficit equivale a reducir las políticas sociales y la de los que, aunque reconocen la bondad del equilibrio fiscal, rechazan el procedimiento seguido por antidemocrático y exigen un referendo. Los primeros tienen razón, los segundos son doblemente condenables por equivocados y por serviles, los terceros siguen sin entender los mecanismos de creación de riqueza y empleo y los cuartos merecen simpatía en su error, que es de bulto. Sobre los que aciertan -esta vez-, sobre los que son indignos además de cortos y sobre los que son cortos y dignos no haré ningún comentario ulterior a estas alturas de la crisis, más que nada por fatiga. Me centraré en la cuarta categoría, en la que figuran personas que me inspiran afecto y con las que coincido en muchas cosas relevantes. Sus voces, tan sinceras como dañinas en esta ocasión, han pronunciado expresiones preñadas de dureza como “atropello antidemocrático”, “imposición”, “democráticamente ilegítimo”, “chapuza” y “devaluación de la Constitución”, mientras insistían en pedir una consulta popular. Veamos. La reforma responde a  uno de nuestros principales  problemas, que es el exceso de gasto público, como admite cualquier cabeza sensata, pero presenta una nota característica y decisiva, su urgencia. La apertura de un proceso plebiscitario introduciría un retraso que no nos podemos permitir y una incertidumbre que en estos momentos sería suicida. El camino seguido no es chapucero ni dictatorial, estriba en la aplicación estricta del artículo 167 de la Constitución, precepto al que por cierto habrá que recurrir en el inmediato futuro para arreglar los demás desaguisados que con vehemencia y tino condenan mis amigos democráticamente sensibles. Cuando llegue el caso no tengo duda de que bendecirán la existencia de esta previsión constitucional. La afirmación de que ya figuran en la Carta Magna y en las leyes instrumentos para garantizar la ortodoxia presupuestaria, viniendo de gentes que se han secado la boca de denunciar el nuevo Estatuto catalán, barbaridad jurídica y política que nadie ha querido o sabido impedir, suena poco consistente. En otras palabras, que más vale que incorporemos a la Constitución todos las defensas que podamos contra la irresponsabilidad, la ignorancia o el oportunismo de gobernantes circunflejos y la voracidad y el fanatismo de jefecillos tribales.

 Hay quién goza de una  notable capacidad intuitiva, ventaja nada despreciable. Sin embargo, la intuición no sirve siempre. El ecuador terrestre tiene una longitud de 40000 kilómetros. Si le preguntamos a un intuitivo cuánto se separaría una cuerda ecuatorial de la esfera terrestre si le añadimos un metro nos dirá que una distancia inapreciable. Pues bien, la separación es de casi dieciséis centímetros, como prueba un sencillo cálculo. Los asuntos serios no pueden ser abordados exclusivamente a base de entusiasmo, carisma e intuición. Requieren racionalidad, análisis detallado, rigor y unos ligeros conocimientos de geometría.

                                            © Aleix Vidal-Quadras