LA LEY OBLIGA A TODOS

12. Septiembre 2011 por AVQ.

         En 2008 y 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó los recursos de los padres que solicitaban que sus hijos recibieran enseñanza no sólo “de” español, sino “en” español, con el argumento de que el modelo de inmersión lingüística es constitucional. Después de la sentencia del Alto Intérprete de la Carta Magna sobre el Estatuto de 2006, ya sabemos que de constitucional, nada, y que la Generalidad viene obligada a utilizar ambos idiomas como vehiculares en las aulas. El Tribunal Supremo, por su parte, ha emitido sentencias en el mismo sentido. Ahora que ha llegado el momento de ejecutarlas, a la máxima autoridad judicial de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, le tiemblan las piernas y se permite comentarios públicos absolutamente inadecuados además de técnicamente erróneos. Los nacionalistas siempre van por el mundo amedrentando y coaccionando. Si uno no se acomoda a sus tesis excluyentes y totalitarias es un mal catalán y un fascista, y si con el estigma infamante no basta, se suelta a las juventudes radicales para que insulten, escupan, arrojen huevos y quemen retratos del Rey o sedes de partidos insumisos. Las decisiones de los tribunales hay que cumplirlas y nadie tiene bula para ignorarlas, ni siquiera los inventores de naciones. Este asunto será crucial para comprobar dos cosas: la primera, si España es todavía un Estado de Derecho y la segunda, si el Partido Popular de Cataluña es fiel a sus compromisos electorales y a sus convicciones. En caso de desobediencia de la Consejería de Educación, la responsable del departamento debe ser procesada y, si resulta culpable, inhabilitada y multada, como está mandado. Por supuesto, en tales circunstancias la honorable señora Rigau no será una mártir de la patria catalana, sino una simple delincuente que ha recibido su merecido. En cuanto al PPC, su firmeza ha de ser total, hasta el punto de retirar cualquier apoyo parlamentario al gobierno minoritario de Artur Mas si éste persiste en su actitud subversiva. La solución es muy sencilla y no implica separar a los alumnos como repiten machaconamente los nacionalistas. Basta impartir algunas asignaturas en español y otras en catalán para que las sentencias del Constitucional y del Supremo se cumplan.   Los nacionalismos identitarios son un lujo que no nos podemos permitir en estos tiempos de crisis galopante. Son un incordio que nos hace desviar la atención de los temas verdaderamente prioritarios y salen carísimos. Basta ya de perder el tiempo intentando integrarlos, apaciguarlos y domesticarlos. Ha llegado la hora de meterlos en vereda. Si la Constitución no ha servido para pararles los pies, apliquémosles directamente el Código Penal. Una vez comprobado que no existe zanahoria suficientemente grande para calmar su voracidad, quizá unos cuantos palos de legalidad vigente los vuelvan mansos como corderos.

                            ©Aleix Vidal-Quadras     

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