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UNA SESIÓN DE GUANTE BLANCO

 La presentación de la presidencia semestral española de la Unión Europea a cargo del Presidente del Gobierno ha transcurrido en el hemiciclo de Estrasburgo con sorprendente suavidad. ZP ha hecho un discurso hábilmente planteado de cara al auditorio que le esperaba sin demasiada expectación -de hecho dos tercios de los escaños estaban vacíos- concentrándose en los temas que sabía despertarían el apoyo mayoritario de los eurodiputados. Porque pocos de los presentes iban a oponerse a la necesidad de una coordinación más fuerte de las políticas económicas de los Veintisiete para salir de la crisis, a la bienvenida al Tratado de Lisboa y a la nueva estructura institucional que dota de mayor poder al Parlamento y al compromiso con una lucha decidida contra la violencia de género. En los demás asuntos tratados, Haití, estabilidad presupuestaria, cambio climático, inmigración, Irán…, Zapatero no se ha salido ni un milímetro de la ortodoxia comunitaria y se ha limitado a hilvanar generalidades inocuas. Algunos diputados británicos han mostrado especial virulencia en sus intervenciones en relación a los perjuicios sufridos por propietarios de viviendas en la costa española que se han visto sometidos a costosos procedimientos judiciales derivados de nuestra confusa normativa urbanística y su aplicación no siempre escrupulosa por parte de ciertos consistorios. El flamante presidente rotatorio se ha comprometido a estudiar el tema, como no podía ser de otra manera, pero este es un problema que hace un enorme daño a nuestra reputación y que requiere una reforma seria de la legislación correspondiente y una redistribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos con el fin de frenar los abusos y la corrupción. Por supuesto, el punto débil de su comparecencia estaba en el lamentable balance de nuestras cuentas públicas y en nuestro aterrador nivel de desempleo, lo que le resta autoridad a la hora de hacer recomendaciones a los demás, y así se lo ha señalado el jefe de la delegación de la CDU alemana con la consiguiente incomodidad del interpelado. El PP, en boca de Jaime Mayor y Luis de Grandes, se ha mostrado comedido a la espera de los primeros resultados de esta presidencia de la que nadie espera grandes logros. No cabe duda que una fuerte agresividad del principal partido de la oposición en España hubiera estado fuera de lugar por la ocasión y por el foro en el que se ha celebrado el debate. Al final, era patente que Zapatero se ha sentido aliviado por la facilidad con la que ha superado el trance, aunque le esperan cinco meses más durante los cuales será severamente juzgado por los mismos que hoy le han concedido un cortés voto de confianza. Pronto se dará cuenta de que las técnicas de seducción a base de inventar realidades virtuales que hasta hoy le han funcionado a nivel nacional no son válidas en el plano europeo y el varapalo con el que le han acogido los principales medios internacionales es una buena muestra de lo que le aguarda si no espabila lo suficiente.                                                                                                                                   

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EL COSTE DE LOS DERECHOS

Fracasado el intento de utilización de las lenguas cooficiales españolas en el pleno del Parlamento Europeo por ser financiera, política y logísticamente inviable, los nacionalistas vuelven a la carga en el Senado. Un grupo de veinticuatro senadores pertenecientes a formaciones de este signo, acompañados curiosamente de sus diez colegas socialistas catalanes, han presentado una proposición de modificación del reglamento de la Cámara Alta que en caso de prosperar transformaría a la Asamblea de la Plaza de la Marina Española en un sucedáneo de las Naciones Unidas. El despropósito es de grueso calibre porque forzar a un colectivo de ciudadanos españoles que representan a la soberanía nacional en un cuerpo legislativo asimismo nacional y que, como es lógico, dominan a la perfección su lengua común, a entenderse entre sí mediante interpretación simultánea, entra de lleno en el esperpento. En el Parlamento de Cataluña o en los municipios catalanes el idioma mayoritariamente empleado es el catalán, dado que éste es su ámbito natural de aplicación, y nadie protesta por ello. ¿En virtud de qué extraño razonamiento el criterio que vale para Cataluña no es bueno para España en su conjunto? Aparte del absurdo de esta pretensión, el coste de la misma sería considerable. El multilingüismo integral de un Senado en cuatro idiomas implicaría un gasto anual del orden de unos diez millones de euros, aparte de la inversión inicial en cabinas de interpretación, material electrónico y confección de software. Por supuesto, el único objetivo de una operación tan cara como inútil no es otro que debilitar la unidad nacional y visualizar la progresiva desaparición de España como proyecto común, tan deseada por los secesionistas. La senadora del PNV Miren Leanizbarrutia ha afirmado en el transcurso de la polémica generada por esta iniciativa que “los derechos no se pueden cuantificar y no tienen coste”. Si esta buena mujer tuviera un mínimo conocimiento de lo que representan los modernos Estados del Bienestar sabría que hay dos tipos de derechos, unos que, efectivamente, son gratuitos en términos económicos directos, como el derecho a la libertad de expresión, a la libre asociación o a la libertad de culto, y otros que requieren recursos billonarios, como el derecho a la sanidad, a la educación o a las pensiones. Mira por dónde el derecho a hablar en vascuence en el Senado -lo que requeriría por cierto que algunos senadores nacionalistas vascos lo aprendieran previamente- sí tiene coste, y muy elevado. La portavoz del PSOE ha declarado que cualquier medida en este campo requiere un consenso muy amplio y, en particular, la conformidad del Partido Popular. Si es así, estamos presumiblemente salvados.                                                                         

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UNA EXPULSIÓN REVELADORA

        Desde su llegada al poder en 2004 el presidente del Gobierno ha impulsado sin descanso un cambio en la política de la Unión Europea respecto al régimen castrista. A diferencia de la línea seguida por Aznar que intentó combinar el apoyo a la disidencia, la defensa firme de los principios democráticos y el mantenimiento de una relación diplomática correcta, Zapatero siempre se ha mostrado partidario de las concesiones a la dictadura cubana, evitando cualquier gesto o actitud que pudiera incomodarla y dejando abandonada a su suerte a la oposición interna. Hasta ahora sus maniobras en el seno del Consejo Europeo para restablecer el diálogo y la cooperación sin condiciones previas no se han visto acompañadas por el éxito porque hay bastantes Estados-Miembros que todavía se niegan a normalizar una situación que no tiene nada de normal. Mientras los presos políticos sigan en la cárcel y el respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles más elementales brillen por su ausencia, es imposible que la Unión considere al régimen totalitario caribeño un interlocutor aceptable. En este contexto, la expulsión abrupta y sin explicaciones del eurodiputado socialista Luis Yáñez, realizada contra la legalidad internacional y con absoluto desprecio al partido que representa y a la institución en la que ocupa un escaño, demuestra hasta qué punto las estrategias blandas de Zapatero son ineficaces. Lo fueron en la etapa vergonzosa de la negociación con ETA, lo han sido con Marruecos ante el problema del Sahara Occidental y con los piratas somalíes, y lo están siendo en Afganistán, donde al final nos hemos visto obligados a incrementar el número de efectivos en el área. Si bien la discusión constructiva, la flexibilidad y el pragmatismo son instrumentos valiosos para operar en la escena internacional, no es menos cierto que la claridad y el rigor a la hora de tratar con contrapartes que nos humillan y que recurren permanentemente a los hechos consumados y a la fuerza bruta son indispensables si uno desea que le tomen en serio. Esperemos que la lección de la que ha sido vehículo y víctima el eurodiputado Yáñez haya sido comprendida por nuestro Gobierno y le sea provechosa.                                                                                                                                                                                

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TRADICIÓN GOLPISTA


En un texto reciente de su blog personal, Josep Lluis Carod recupera sin ningún pudor la tradición golpista de su partido. Al afirmar que el futuro de Cataluña no lo decidirá ningún tribunal constitucional, sino el propio pueblo catalán, desprecia la legalidad vigente y nos comunica que lo que vale al final es la imposición por la fuerza de los hechos consumados. Nadie debe asombrarse de este tipo de planteamientos subversivos de un responsable gubernamental perteneciente a Esquerra Republicana, formación que en dos ocasiones, en abril de 1931 y en octubre de 1934, demostró su carácter totalitario, revolucionario y violento, al rebelarse contra el ordenamiento entonces en vigor e intentar, aunque sin éxito, proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña desde la Generalitat. Para Carod y sus secuaces el pacto de la Transición no ha existido nunca y por supuesto el honor a los compromisos adquiridos es un concepto ajeno a su conciencia. Cuando el vicepresidente del gobierno catalán nos dice que si la tan dilatada sentencia del Tribunal Constitucional les es favorable, la aprovecharán para seguir en su senda secesionista, y que si les es adversa, le darán la vuelta, lo que nos está advirtiendo es que cualquier intento de integrar a los nacionalistas en un proyecto común está condenado al fracaso y que la persistencia en ir ampliando las concesiones a tenor de sus crecientes exigencias sólo conduce a la frustración. Sus pomposas apelaciones a la lucha del pueblo catalán por las libertades ignoran que los catalanes gozan ya de todos los derechos democráticos propios de los sistemas constitucionales modernos y que los únicos que limitan gravemente dichas libertades son los gobiernos nacionalistas al situar la identidad por encima de otros valores superiores como la igualdad, la autonomía individual, la solidaridad y la justicia. Por supuesto hay que agradecerle su brutal sinceridad, que pone en evidencia su convicción de que frente a su propósito disgregador no va a encontrar una resistencia seria. Ha llegado por tanto la hora de que los dos grandes partidos nacionales reaccionen y pongan en sus sitio a una gente cuyo poder real no va mucho más allá de sus bravatas.

 

 

                                                                                                                                                                                               Aleix Vidal-Quadras  

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DOS MODELOS DE PATRÓN DE PATRONES

  La palabra “patronal” para referirse al conjunto de la clase empresarial suena algo anacrónica, salvo si se dice en francés. En España, las organizaciones de empresarios, entre las que la CEOE destaca por su dimensión y representatividad, han jugado y juegan un papel extraordinariamente relevante en la articulación de nuestra vida pública. Su condición de interlocutores indispensables de los sindicatos y de los gobiernos, su capacidad de influencia en la opinión y sus valiosas aportaciones al análisis de los problemas económicos y sociales, las convierten en actores principales del escenario nacional. Por consiguiente, resulta de capital importancia que sus máximos representantes sean personas que reúnan una serie de cualidades cuya conjunción no siempre es fácil de alcanzar. El patrón de patrones ha de ser a la vez un diplomático, un comunicador, un pensador y un estratega. Su categoría profesional, moral, intelectual y humana ha de alcanzar cotas muy altas para gozar así de la necesaria autoridad sobre sus representados y del respeto y la consideración de los restantes agentes sociales, de las autoridades y de la ciudadanía en general. Todo ello indica que el acierto en la elección para tal puesto no siempre es fácil y los recientes acontecimientos que han afectado al actual presidente de la CEOE han puesto de nuevo sobre el tapete el debate en torno al modelo ideal de esta figura. Dos son los líderes patronales “tipo”, simplificando mucho el asunto. Uno es el que podríamos denominar modelo “Cuevas”, es decir, un técnico de considerable nivel y notable talla personal sin intereses empresariales directos, disponible en consecuencia para entregarse por completo a su tarea sin que sus propios negocios privados le distraigan de su cometido al frente del colectivo creador de la riqueza y del empleo. El otro correspondería al género “Díaz Ferrán”, o sea, un emprendedor de éxito y dilatada trayectoria que debe compatibilizar su trabajo de cabeza de filas de sus colegas con la gestión de un grupo de compañías de formidable envergadura. Sin duda, ambos perfiles ofrecen ventajas  e inconvenientes para su trascendental misión. El conocimiento en carne propia de los problemas del empresario es una virtud en el caso que nos ocupa, pero la atención exclusiva a la organización que le ha sido confiada y la independencia respecto a otros poderes son datos positivos que no se deben infravalorar. Al final se trata de hacer una opción, con el peligro de equivocarse. Yo, a la luz de la experiencia española de las últimas tres décadas, me inclino por el modelo “Cuevas”, aunque reconozco que quizá mueve mi ánimo la admiración que siempre sentí por el que fue en vida un hombre tan singular por su visión, su insobornable honradez y su aguda inteligencia. Ahora bien, si no nos guiamos por el conocimiento que nos ha proporcionado la realidad empírica, ¿cuál ha de ser nuestra brújula?                                                                                                                                                             

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LA CONFERENCIA DE LA CONFUSIÓN

      La cuarta edición de la Conferencia de Presidentes autonómicos ha escenificado el caos al que ha llegado el Estado en manos de alguien que opina que el concepto de nación contenido en nuestra Constitución es discutido y discutible. La Conferencia, para empezar, no es un órgano contemplado en nuestro ordenamiento, que dispone que para coordinar las actuaciones de las Comunidades Autónomas entre sí y con el Gobierno central están el Senado en su condición de cámara territorial y las Conferencias Sectoriales de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Proceso Autonómico. El cónclave de jefes de ejecutivos autonómicos con el inquilino de La Moncloa es un invento aconstitucional, de propósito indefinido y profundamente perturbador. Se trata en realidad de una instancia más propia de un esquema confederal, por supuesto totalmente ajeno a la voluntad del constituyente. Parece como si ZP quisiese reproducir la estructura de la Unión Europea, que es una unión de estados soberanos, con la Conferencia de Presidentes jugando el papel del Consejo Europeo, el Gobierno central el de la Comisión y el Congreso de los Diputados el de la Eurocámara. Además, muchos de las medidas sometidas a la Conferencia para su aprobación requieren de una concreción legislativa posterior, con lo que el Congreso, depositario de la soberanía nacional, queda así extrañamente sometido a un ente inventado y carente de base jurídico-constitucional alguna. En fin, una de esas operaciones absurdas y totalmente carentes de rigor tan caras al permanente espíritu de improvisación frívola del actual Secretario General del PSOE. Ni Felipe González ni José María Aznar convocaron jamás semejante entelequia porque tenían bastante más seso que el icono del clan de la ceja. Para mayor escarnio, la presentación del documento de trabajo a discutir el mismo día de la celebración de la Conferencia, sólo se concibe como una manera de hacerla fracasar deliberadamente o como una muestra de falta de rigor francamente preocupante. El papelucho en cuestión, una insípida lista de generalizaciones carentes de concreción, no merecía otro destino que el que ha tenido, la papelera. Lo que sorprende una vez más es que el Partido Popular caiga en este tipo de trampas y se preste a  tales fantasmadas. Es de esperar que tras esta última experiencia, el primer partido de la oposición anuncie oficialmente que sus presidentes autonómicos no asistirán a ninguna Conferencia de Presidentes en el futuro. Ya que el Presidente del Gobierno no entiende lo que es el Estado, alguien ha de demostrar a la ciudadanía que quedan en España responsables políticos con ideas bien asentadas sobre la arquitectura institucional emanada de nuestra Ley Fundamental. 

                                                                                                                                                   

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EL ESPEJISMO

             En una entrevista publicada hoy, Soraya Sáenz de Santamaría imparte una lección magistral de política económica en términos tan precisos como entendibles por cualquier ciudadano. Las medidas que apunta para salir de la recesión, tanto en los ámbitos de la reforma del mercado de trabajo como de la fiscalidad, son formuladas por la portavoz popular con valentía y claridad, haciendo gala de lo que se espera de la alternativa de gobierno: un programa perfectamente dibujado y asumido con firmeza. En contraste con esta encomiable posición, sus pronunciamientos sobre el Estatuto de Cataluña muestran un inquietante conformismo con la situación actual. La afirmación de que el PP acatará la sentencia del Tribunal Constitucional, aparte de una obviedad, resulta débil si no va acompañada de una reiteración enérgica de los motivos por los cuales el primer partido de la oposición presentó en su día el recurso, es decir, la definición de una nación dentro de la Nación, la obligatoriedad del catalán, la bilateralidad, el blindaje de competencias, el sistema de financiación y la fragmentación de la unidad jurisdiccional del Estado. En cuanto a su apreciación de que el problema no está en el Estatuto, sino en el tripartito, siembra la confusión. El principal impulsor del Estatuto ha sido precisamente el tripartito y es el Estatuto el que liquida la Constitución vigente. De sus palabras, se podría inferir que ese mismo Estatuto gestionado por un Ejecutivo autonómico distinto, sería aceptable, lo que equivale a relativizar el papel de las normas en un Estado de Derecho de manera poco adecuada en boca de una abogada del Estado. De este caminar de puntillas sobre las brasas ardientes de la crisis de sistema que estamos atravesando despierta la sospecha de que la cúpula del PP todavía acaricia la posibilidad de un pacto con los nacionalistas en caso de ganar las próximas elecciones generales por mayoría relativa. Semejante idea es un puro espejismo porque a estas alturas los separatistas han ido demasiado lejos en su ofensiva secesionista como para ser reconducidos. La solución es otra y Soraya Sáenz de Santamaría sabe perfectamente en qué consiste. La insistencia en perseguir el brillo engañoso de una ilusión óptica sólo puede acabar lamentablemente en una dolorosa caída de bruces sobre la inhóspita arena del desierto. 

 

            

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CRISIS DE ESTADO Y CRISIS DE SISTEMA: LA HORA DE LA RECTIFICACIÓN

(Extracto de la intervención del Vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, en el acto conmemorativo de la Constitución de 1978 celebrado en el Ayuntamiento de Yecla el 6 de diciembre de 2009)

 

-El seis de Diciembre de 1978, hace hoy exactamente treinta y un años, los españoles, en ejercicio de su voluntad soberana se dieron a si mismos una Ley de leyes que nació en un clima de reconciliación, de esperanza, de generosidad y de patriotismo.

 

-La Constitución de 1978 fue un pacto inédito en nuestra historia contemporánea, como una convergencia de intenciones y un conjunto de coincidencias y renuncias en la que cada uno de los participantes, partidos políticos, agentes sociales, mundo académico, Iglesia, Fuerzas Armadas, representantes del régimen que fenecía y dirigentes de la oposición hasta entonces en el exilio o la clandestinidad.

 

-Los españoles vivimos durante la Transición un sueño enfebrecido de exaltación colectiva. Superados por fin, nos dijimos, nuestros seculares conflictos, redimida para siempre la sangre de nuestros enfrentamientos fratricidas, podíamos aspirar a ocupar un lugar destacado entre las democracias occidentales, el que nos correspondía por nuestra cultura, nuestra historia y nuestra vocación europea.

 

-Un sueño extraordinario, del que ahora, tres décadas más tarde, hemos despertado para asistir con dolor y con indignación a una pesadilla en la que la cohesión se ha vuelto división, la generosidad mezquindad, la ecuanimidad sectarismo, el afecto aversión y la esperanza desánimo.

 

-Nos hallamos inmersos en una crisis que no afecta a este o aquel aspecto de nuestra vida pública, sino que es de sistema, estructural, que socava los pilares que sostienen el edificio del Estado y envenena el alma de nuestra venerable Nación.

 

-En lugar de estar aquí reunidos para festejar un triunfo, nos vemos forzados a reflexionar sobre una derrota, la derrota del espíritu de la Transición, que agoniza en estos días herido de muerte por una combinación letal de irresponsabilidad, frivolidad, sectarismo, oportunismo, relativismo e incompetencia.

 

-O somos capaces de afrontar la verdad, por dura y decepcionante que sea, o la persistencia en el error nos condenará sin remisión al desastre.

 

-La primera conclusión a asumir es que el principal objetivo político del Estado de las Autonomías no se ha cumplido. Se llevó a cabo con un propósito fundamental: la integración de los partidos nacionalistas y la pacificación de los conflictos catalán y vasco. Como respuesta al gigantesco esfuerzo institucional, presupuestario y político que ha significado el desarrollo del Título VIII de la Constitución, los grupos nacionalistas en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia no sólo no han atemperado su agresividad secesionista, sino que la han intensificado con el paso del tiempo a medida que su control de sus Autonomías respectivas se iba consolidando.

 

-Además, su capacidad de apuntalar en el Congreso al gran partido nacional en situación de mayoría relativa, consecuencia de una ley electoral que les viene otorgando la condición de bisagra, les ha permitido ir avanzando en la consecución de más y mejores herramientas de poder político y financiero que se han apresurado a utilizar para poner en marcha implacables programas de ingeniería social en los campos de la educación, la cultura, la lengua y los medios de comunicación conducentes a erosionar los vínculos emocionales y psicológicos de las sociedades que rigen con el resto de la sociedad española y a perseverar en el intento obsesivo de destruir el sentimiento de pertenencia de sus administrados a la matriz nacional común. No se puede dar mayor deslealtad e ingratitud que la mostrada por parte de los que ahora a través de un editorial conjunto escrito por encargo reclaman con un cinismo escandaloso el respeto a un acuerdo que ellos llevan un cuarto de siglo vulnerando. La idea de que un carnívoro se vuelve vegetariano si se le rodea de herbívoros es biológicamente infundada y políticamente suicida, suicida para los herbívoros lógicamente.

 

-La prueba conclusiva e incontestable de este triste aserto es el nuevo Estatuto de Cataluña. Seguir operando en la creencia de que todavía es posible que los nacionalistas desistan de su empecinamiento en liquidar a España como Nación y en dinamitar el ordenamiento constitucional vigente es alimentar en vano una quimera.

 

-El segundo punto que quiero dejar bien sentado es que después de la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, que en términos prácticos es una reforma constitucional espuria, ilegítima y tramposa en dirección confederal, ya nada volverá a ser como antes. Y eso con independencia de cuál sea la sentencia del Tribunal Constitucional.

 

-Si el Partido Popular resultase vencedor de las próximas elecciones generales sin conseguir la mayoría absoluta y su dirección nacional intentase garantizar su estabilidad parlamentaria mediante un pacto con los nacionalistas, el centro-derecha español experimentaría una convulsión cataclísmica a la que no sobreviviría, por lo menos en su configuración actual.

 

-Una tercera tesis que destaca inevitable a estas alturas es la de que el Estado necesita una renovación profunda y amplia que corrija las muchas ineficiencias, inconsistencias y disfuncionalidades generadas a lo largo de treinta años de desarrollo autonómico. Durante mucho tiempo se ha aceptado como un principio indiscutido que la descentralización es buena en sí misma y que a mayor número de competencias transferidas a las Autonomías, más bienestar y mejores servicios para los ciudadanos. Esta es una apreciación tan simple como falsa.

 

-Se ha repetido hasta la saciedad como un mantra autocomplaciente que el Estado autonómico ha contribuido decisivamente a la dinamización económica y social de regiones desfavorecidas o históricamente marginadas. Sin embargo, si se observan las cifras de convergencia de la renta per cápita de Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía respecto de la media nacional, su evolución entre 1985 y 2003 refleja o aumentos muy leves o disminuciones asimismo poco relevantes. Curiosamente, la voracidad competencial bajo la égida nacionalista en Cataluña no se ha traducido para nada en una mejora de su posición relativa, sino más bien al revés. Hoy pagamos la nómina de más de tres millones de empleados públicos y no se puede decir que los administrados estén mucho mejor servidos que entonces, salvo que los parámetros para evaluar la calidad de vida de los españoles sean el número de lenguas que hablan, la cantidad de ellos que viven de la política, la multiplicación de casos de corrupción urbanística o la proliferación de barreras administrativas y normativas que perturban la unidad de mercado y hacen su vida más incómoda.

 

-Y un cuarto y último asunto antes de finalizar mi intervención y proponer una agenda de salida al marasmo en que nos debatimos. Es absolutamente indispensable que en las cúpulas de los dos grandes partidos nacionales se produzca un cambio conceptual en relación a los partidos nacionalistas y su papel en nuestro sistema político. Los nacionalismos de raíz étnico-lingüística, que erigen la identidad en valor supremo por encima de la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales de los individuos no pueden ser considerados piezas normales del sistema y aliados ocasionales cuando las circunstancias lo requieren. Es imposible, aparte de masoquista, gobernar una Nación de la mano de aquellos cuya prioridad explícita es destruirla.

 

-Mientras los máximos responsables de los dos grandes partidos sigan percibiéndose mutuamente como enemigos irreconciliables y a los nacionalistas como socios de conveniencia, la arquitectura institucional, jurídica y política nacida del pacto civil de 1978 está abocada al derrumbe.

 

-La conjunción de esta ceguera autoimpuesta y de la aparición de castas políticas locales ávidas de estatus, poder y notoriedad, de una ley electoral que infla la representación nacionalista en el Congreso, de la presión secesionista de los particularismos catalán y vasco, del principio de emulación en las restantes Comunidades y de la falta de solidez doctrinal de las burocracias cooptadas de los dos grandes partidos, nos han arrastrado irremisiblemente a la tormenta perfecta en la que escora patéticamente un Tribunal Constitucional desarbolado.

 

-Existe una línea de acción política capaz de dar respuesta a los gravísimos problemas en que estamos inmersos y que esta orientación estratégica es factible porque cuenta con una amplísima base social de españoles de diversas adscripciones ideológicas que desean fervientemente seguir siéndolo. Y a ellos hay que dirigirse, a ellos hay que apelar de directa y sinceramente, llamándoles a apoyar una ambiciosa agenda de regeneración institucional y ética y de reformas valientes de nuestra economía.

 

-De cara a las elecciones de 2012, nuestra última oportunidad antes del colapso que se avecina, el Partido Popular, y ahora hablo como vocal de su Comité Ejecutivo Nacional, ha de comprometerse a renunciar a cualquier pacto con los partidos nacionalistas y a tender la mano al Partido Socialista, tanto si obtiene una mayoría absoluta en el Congreso como si ésta es sólo relativa, para sellar con el centro-izquierda nacional  un pacto de Estado para reformar la Constitución de tal manera que la Nación recupere la cohesión, el Estado se fortalezca y los nacionalistas sean neutralizados con carácter definitivo.

 

-Esta reforma no es una entelequia. Ha sido elaborada con rigor y precisión por un grupo de entidades cívicas coordinadas por Santiago Abascal y por mí mismo y presentada públicamente en octubre de 2007, coincidiendo en su práctica totalidad con la propuesta por el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo-CEU y ofreciendo bastantes puntos de proximidad con el dictamen del Consejo de Estado de noviembre de 2006 en respuesta a una consulta del Gobierno al respecto.

 

-Basta ya de la insistencia enfermiza en exacerbar lo que nos separa y nos divide, basta ya de conceptos retorcidos como federalismo asimétrico, Estado plurinacional en red y demás zarandajas insidiosas, basta ya de magnificar agravios, reavivar litigios y desempolvar espectrales derechos medievales, basta ya de jugar con la obviedad de la España plural. Pasemos de la defensiva a la ofensiva, del apaciguamiento a la firmeza, de la concesión al cumplimiento de la ley. Creedme, si nos imbuimos de este espíritu, no solo ganaremos sino que además disfrutaremos a rabiar porque no cabe mayor placer que pararle educadamente los pies a un insolente.

 

-Proclamémoslo alto y claro, el concepto de España dibujado en la Constitución de 1978 no es discutido ni discutible, es diáfano: la Nación ilustrada, de ciudadanos libres e iguales, marco protector de derechos y libertades y espacio de solidaridad y de continuidad histórica. Esa y no otra es la España constitucional, esa y no la nación étnica cultivadora neurótica de la identidad, la Nación moderna, civil y democrática frente al conglomerado informe de clanes aborígenes al que los nacionalistas y su aliado de La Moncloa quieren rebajarnos. No hay comparación entre estas dos opciones, sepamos explicarlo sin timideces ni complejos y los españoles elegirán bien.

 

-Espero haberme explicado de manera entendible y transparente. Se ha cumplido el tiempo de la Constitución de 1978 y para salvar su alma hemos de darle músculo a su cuerpo. Es hora de empezar una nueva etapa de la historia de España,  no nos resignemos a chapotear en el charco insulso de relativismo disolvente, hedonismo fácil, ecologismo dogmático y pacifismo pusilánime en el que nos encontramos desde hace cinco años.

 

-Somos una gran Nación occidental y tenemos mucho que aportar a un siglo XXI que será global, acelerado y pleno de oportunidades para una España en la que la diversidad enriquezca la unidad y la unidad integre la diversidad, una España que no sea más un problema, ni un dolor ni un proceso, sino una realidad viva y fecunda, un proyecto de libertad, justicia, prosperidad y altura moral, de todos y para todos.

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CORREOS INCÓMODOS

                                                      La publicación en la red de centenares de mensajes electrónicos intercambiados entre científicos de la Unidad de Investigación sobre el Clima de la Universidad de East Anglia y colegas suyos de otros centros en el resto del mundo ha desatado un escándalo mayúsculo que puede echar abajo todo el pensamiento políticamente correcto sobre el calentamiento global. El director de dicha Unidad, el hasta hoy prestigioso experto en climatología Phil Jones, ha dimitido de su cargo abrumado por la tormenta desatada en los medios al conocerse esta correspondencia, que pone de relieve que la comunidad de investigadores defensores de la teoría del origen antropocéntrico del supuesto aumento de la temperatura media de la atmósfera en las últimas décadas ha falseado sus resultados para que se ajustasen a su tesis. Así, en estos correos, los remitentes se refieren sin disimulo a los trucos que emplean para que las series de temperaturas observadas muestren el comportamiento que confirme sus alarmistas predicciones, a las maniobras de silenciamiento que practican contra discrepantes de la ortodoxia representada por los informes del Panel Internacional sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, a su alegría por el fallecimiento de un notorio escéptico y a su disgusto porque el Período Medieval de Calentamiento, inequívocamente confirmado por los datos experimentales y los testimonios históricos, estropea su esquema de interpretación en favor de un anómalo calentamiento reciente causado por las emisiones fruto de la actividad humana. Es indignante leer como discuten la forma de apañar las temperaturas marinas observadas para que indiquen un calentamiento superior al real, pero de forma que no se note, o como se ponen de acuerdo para escapar de los requerimientos de sus críticos, que se amparan en la legislación sobre libertad de información, para que desvelen su metodología de trabajo y los detalles sobre los modelos computacionales que emplean para alcanzar sus conclusiones prospectivas. Habrá que esperar a ver cómo acaba este inquietante suceso, aunque si se confirma, nos hallaríamos ante uno de los mayores fraudes de la historia de la ciencia, sin olvidar el componente delictivo derivado de los muchos millones de dólares de los contribuyentes destinados a proyectos realizados por los presuntos timadores. Es de suponer que el ínclito ZP debe estar angustiado ante la posibilidad de que su principal misión en esta vida, la lucha contra el calentamiento global, acabe sumiéndole en el más espantoso de los ridículos.                                                                        

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LA LÍNEA DE FRACTURA

      La imagen del presidente de la Generalidad de Cataluña, ese andaluz convertido por amor al poder en nacionalista catalán, presentando en sociedad a uno de sus nuevos juguetes, el Consejo de Garantías Estatutarias, revela con cruda elocuencia el tremendo daño que está provocando el escandaloso retraso del Tribunal Constitucional en alumbrar su sentencia sobre el Estatuto del tripartito. Mientras María Emilia Casas impide que el asunto se resuelva, y ya van tres años, el gobierno nacionalista del Principado desarrolla a todo galope las previsiones de su norma básica con el clarísimo objetivo de hacer irreversible una situación que nadie se atreve a frenar. Ha llamado la atención de algunos analistas especialmente agudos que el Partido Popular, que tiene recurrido el Estatuto, haya propuesto un candidato a magistrado del  Consejo de marras incurriendo así en una flagrante inconsistencia. Este tipo de veleidades demuestra que en la cúpula de la primera fuerza de la oposición reina un despiste conceptual y político verdaderamente llamativo. Cuando empecé a estudiar matemáticas en serio aprendí que es imposible resolver un problema si no se ha entendido previamente su enunciado. Pues bien, en la séptima planta de Génova 13 no acaban de comprender la gravedad y el alcance de la crisis de sistema en la que estamos inmersos. Siguen dejándose mecer por el statu quo, acariciando las encuestas levemente favorables y barajando posibles alianzas para gobernar la Nación con formaciones cuyo propósito explícito es destruirla. Ahora la cuestión práctica más urgente es encontrar la manera de despertar a Mariano Rajoy y a su equipo y conseguir que reaccionen. Si no lo hacen, la primera línea de fractura que aparezca en el edificio del Estado les pillará desprevenidos y no tendrán tiempo de salvarse y salvar al resto de los españoles del derrumbe. ¿Cuál será la grieta de las muchas que cuartean nuestras instituciones y nuestra economía que se alargará y ensanchará de repente iniciando la catástrofe? ¿Será la sentencia sobre el Estatuto, será el paro creciente, será la quiebra de la Hacienda pública? En estos momentos, la Administración central gasta quince euros por cada nueve que recauda y el IVA en su integridad ha igualado el montante del servicio de la deuda. La incógnita no es, pues, si vamos a asistir a un cataclismo, sino cuándo se nos llevará por delante.